El aborto constituye un problema que atañe a la Salud Pública. No se trata de que todos piensen exactamente lo mismo sino de poder construir un criterio conjunto para garantizar los derechos de las personas con capacidad de gestar que acuden al sistema. Un embarazo no planificado en la vida de una mujer puede ser transitado con menor padecimiento si se cuenta con la atención de un equipo de salud, si el entorno brinda apoyo y respeto y si se ofrece un marco de seguridad para interrumpir la gestación en aquellos casos en que esta fuera la decisión.
Por: Carolina Mora y Natalia Liguori
Publicado en la revista «Maternar en Tribu» (https://issuu.com/maternarentribu/docs/la_maternidad_no_es_un_destino)
La situación de la interrupción del embarazo en América latina está atravesada por múltiples factores y condicionamientos políticos, sociales, económicos y religiosos. En nuestro país, el aborto inseguro (principal causa de la mortalidad materna, según datos oficiales) constituye un problema de salud pública de gran alcance. Las estadísticas son contundentes: en los países donde el aborto aún es restrictivo o está prohibido, las mujeres se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos. Las razones son similares aunque singulares (“aún soy muy joven para ser madre”, “no tengo apoyo de mi pareja o de mi familia”, “debería interrumpir mi profesión o mis estudios y no quiero”, “no tengo recursos económicos para mantener otro hijo”, “no quiero ser madre”, “fui forzada a tener sexo y ahora no quiero este embarazo”, “mi salud corre peligro si continúo la gestación”…). Cada mujer tiene sus razones íntimas y personales para decidir: su cuerpo, su decisión. Lo cierto es que estemos de acuerdo o no, a favor o en contra del aborto, esas mujeres seguirán abortando de forma clandestina y, en su mayoría, de forma insegura. Penalizar el aborto no impide que éste se lleve a cabo, sólo aumenta el riesgo de las mujeres a morir por un aborto inseguro.
¿Por qué diferenciamos aborto clandestino y aborto inseguro? Un aborto clandestino es el que se realiza fuera del amparo de la legislación vigente pero no necesariamente es inseguro, ya que muchos de esos abortos son los que se realizan en clínicas o con médicos que viven del negocio de esta práctica y que cobran sumas altísimas, aprovechándose de la desesperación de las mujeres. Un aborto inseguro es aquel que es realizado por personas sin formación médica ni ginecológica (incluso muchas mujeres intentan hacérselo ellas mismas), que no tiene en cuenta las condiciones de higiene, que se realiza sin controles previos ni posteriores y que expone a las mujeres a una situación de riesgo extremo.
El aborto es una realidad. Las cifras son muy claras, según el Instituto Guttmacher algunas de las tasas más altas se encuentran en América latina y en África, lugares donde es altamente restrictivo en casi todos los países y donde muchas mujeres tienen embarazos no planeados. Las tasas más bajas de aborto se encuentran en Europa occidental, donde es legal y ampliamente accesible. Esto, además, viene acompañado de una política de salud sexual y reproductiva altamente eficaz, con un alto y amplio acceso a los métodos anticonceptivos y donde no ocurren prácticamente embarazos no planificados.
Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir
Para muchas mujeres los métodos anticonceptivos a los que acceden son limitados y no se ajustan a sus necesidades y a la realidad de su contexto. Por diversas situaciones de violencia de género o por creencias religiosas de sus parejas, muchas de ellas no pueden tomar anticonceptivos orales ya que les revisan hasta sus pertenencias. En otras ocasiones, las mujeres desean acceder a una ligadura tubaria que les es negada por los profesionales de los servicios de salud con distintos argumentos (“sos muy joven para ligarte”, “no hay turnos disponibles”, “¿lo hablaste con tu marido?”). En nuestro país, la Ley de Educación Sexual Integral 26.150, plantea la necesidad de “incluir el desarrollo de contenidos programáticos que abarquen la educación sexual en su integralidad, basada en información y conocimientos validados científicamente y en la promoción de valores que fortalezcan una sexualidad responsable”. Esta ley tiene alcance nacional, atraviesa a todos los niveles educativos y responsabiliza a todos los docentes de su aplicación de forma transversal. A pesar de esto, son poquísimas las escuelas que brindan educación sexual de acuerdo a los contenidos de la ley, de forma completa, con perspectiva de género y de derechos, en los distintos niveles.
¿Cómo pretendemos como sociedad que no existan embarazos no planificados si la población no tiene acceso a espacios de empoderamiento respecto de su sexualidad? Educación sexual también implica ser conscientes de que somos capaces de decidir sobre nuestro cuerpo, de que nadie puede obligarnos a tener sexo, ni siquiera nuestros compañeros, así como también visibilizar la violencia de género que sufrimos las mujeres en esta sociedad patriarcal que nos culpa y revictimiza al preguntarnos qué teníamos puesto cuando nos violaron. La autonomía de decisión y la soberanía sobre nuestros cuerpos son tan necesarias como las leyes que nos protejan y no nos vuelvan presas del patriarcado.
Como plantea el Instituto Guttmacher, si las necesidades de estas mujeres se satisficieran, los embarazos no planeados se reducirían de 80 a 26 millones y habría 26 millones de abortos menos cada año. Lo que es más importante, miles de mujeres salvarían sus vidas, ya que el aborto inseguro es una de las principales causas de muerte “materna”. El mismo Instituto recoge la estadística de que cada año, 47.000 mujeres mueren en el mundo a causa de complicaciones derivadas de un aborto inseguro mientras otras miles quedan con secuelas permanentes. Todas estas muertes y estos daños a la salud de las mujeres se podrían evitar con leyes que contemplaran el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Pero estamos ante una verdadera crisis de la Salud Pública.
Derechos negados, derechos torcidos
El derecho de las mujeres a acceder al servicio de salud aún cuando se hayan realizado un aborto clandestino sin temor a ser denunciadas es primordial. De este modo, se podrían evitar muchas muertes y consecuencias catastróficas en la salud. En este punto, podemos pensar en el caso Belén , nombre de fantasía que se usó en los medios para preservar la identidad de la mujer, la tucumana que fue condenada recientemente a 8 años de prisión (luego de permanecer 2 años detenida a la espera de la sentencia) por llegar al Hospital Avellaneda con un aborto espontáneo en curso. Los profesionales de la salud que asistieron a Belén violaron el secreto profesional que ampara toda consulta médica y la relación médico-paciente. Su abogada, Soledad Deza, declaró que “a lo largo del juicio, se impusieron concepciones conservadoras por encima del cumplimiento de la ley” (es decir: se privilegiaron posiciones personales e ideologías conservadoras por encima del derecho y de la integridad de Belén). Desde el momento en que ingresó a la institución de salud, lejos de preocuparse por proteger a la mujer, los profesionales comenzaron una investigación, solicitaron la intervención policial y actuaron como jueces. El trato que recibió fue humillante. Tratada de asesina e insultada por enfermeros y médicos, despertó de un legrado rodeada de policías. Como lo explica su abogada, “ese tipo de acciones son formas de torturas y tratos degradantes, tal como lo definió en 2013 el Informe del Relator Especial sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de la Comisión contra la Tortura de la ONU, Juan Méndez”.
¿Qué les ocurre a los profesionales de salud cuando una mujer llega en la situación que llegó Belén? ¿Qué emociones despierta la temática del aborto? ¿Qué posición predomina en relación a la interrupción del embarazo? ¿Pueden esas opiniones personales y emociones subjetivas de los profesionales interferir en su rol profesional de cuidadores de la salud?
Dentro del equipo de salud pueden convivir distintas miradas, discursos sociales y jurídicos e, incluso, historias personales respecto de la temática del aborto. No se trata de que todos piensen exactamente lo mismo sino de poder construir un criterio conjunto, un posicionamiento como equipo de salud que necesariamente debe superar las ideas individuales para poder garantizar los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar que acuden al sistema. Es necesario que dentro de las instituciones existan espacios de reflexión crítica, de debate e intercambio para poder, en el ejercicio del rol de profesionales de la salud, trascender los discursos que tienden a la criminalización y estigmatización de quienes acceden a la práctica, y trabajar con las representaciones sociales asociadas. En 1995, Erving Goffman sociólogo y escritor considerado como padre de la microsociología, señaló que un estigma se refiere a un atributo que vuelve a una persona diferente a otra, quedando la que posee dicho atributo reducida a ser menospreciada por esa condición.
Una actitud punitiva, reprobadora, estigmatizante, en los profesionales y en el entorno incrementa la probabilidad de que la experiencia sea vivida con culpa, angustia y ansiedad. Una actitud empática y contenedora favorecería a que la experiencia pueda ser atravesada de forma más saludable.
Ser mujer no es sinónimo de ser madre
“Quedarse embarazada, es algo que sucede en la medida en que se es mujer, algo que está en conexión con la experiencia heterosexual femenina, un acontecimiento inscrito en las capacidades reproductivas de las mujeres y contemporáneamente en un régimen de sexualidad fuertemente marcado por la dominación de un placer sexual masculino que coincide con el coito. Lo que en cualquier caso la experiencia femenina parece decir es que el acontecimiento de la concepción (e incluso el eventual deseo de concebir) no implica necesariamente un proyecto y menos aún un deseo de maternidad” (Tamar Pitch, 2003, citada en Violencia contra las mujeres: Quien calla otorga, 2013).
¿Qué ocurre con las emociones de la mujer? ¿Cómo vive el proceso de la toma de decisiones con respecto a la continuidad o no de su embarazo? Debemos tener en cuenta que la misma mujer puede pasar por estados contradictorios, complejos y que también está atravesada por un discurso social repleto de prejuicios e ideas condenatorias en relación al aborto. El llamado “instinto maternal” que socialmente se atribuye como natural a las mujeres genera sentimientos de culpabilidad, angustia por “no sentirlo” y autorreproches. ¿Acaso todas las mujeres tienen “como destino” la maternidad? ¿No es la misma una elección? ¿Ser mujer es sinónimo de ser madre?
“Hablar de la maternidad voluntaria es también cuestionar todos los esencialismos de género construidos por las sociedades patriarcales, que atribuyen particularmente a las mujeres una capacidad “innata” para dedicarse al cuidado de otras personas, despreciando el cuidado para sí mismas. Por el contrario, ahora sabemos que el deseo es una construcción socio-cultural mediada por la cultura, la cual actúa de manera específica en los individuos y colectivos humanos; es decir, que mientras miles de hombres desprecian la función nutricia que comporta la paternidad, miles de mujeres se ven obligadas a asumir una responsabilidad desmedida en el cuidado de las criaturas lo cual les impide el reconocimiento y la emergencia de otras identidades distintas a la de ser madre” (Programa Feminista La Corriente, 2011).
Permitir que la mujer encuentre un espacio de contención y escucha, despojado de juicios de valor, donde poner a circular estas cuestiones (en aquellos casos en que sea necesario) puede proporcionarle tranquilidad y permitirle despejar dudas y miedos respecto de la práctica.
¿Cómo maternar si no hay deseo?
“¡Pero si son dos vidas!”, gritan quienes están en contra de la libre elección de la mujer. ¿Acaso puede ese feto continuar su vida y su desarrollo fuera del vientre materno? No. Al menos hasta determinada edad gestacional, ese feto requiere del soporte del cuerpo materno (y una vez fuera de él requiere también de la madre – u otro cuidador primario – para poder sobrevivir). ¿Cómo maternar si no hay deseo de hijo? ¿Se puede forzar a construir este deseo? ¿Se puede obligar a una mujer a querer ese embarazo? “¡Que lo entregue en adopción!”. ¿Acaso la mujer tiene la obligación de ser una incubadora humana si ese no es su deseo? Como si fuera sencillo atravesar nueve meses de embarazo, poner el cuerpo sin deseo de maternar, con los cambios hormonales y corporales que conlleva la gestación… Como si fuera sencillo quedar expuesta ante las miradas de vecinos, amigos, familias… “¿Lo va a dar en adopción? ¡Qué desalmada! ¡Cómo puede!” Sí. El cuerpo lo ponemos las mujeres. Los sentimientos, también. Igual que los miedos y las tristezas.
La gestación implica un proceso en sí mismo que podría llegar a modificar el estado de salud de la mujer, aún es mayor la frecuencia de problemáticas si tenemos en cuenta que este embarazo no buscado puede someter a la mujer a situaciones estresantes y a un dolor psicoemocional que impacta directamente a través de los circuitos hormonales y neurofisiológicos en su salud física.
Encontramos en el protocolo de atención desarrollado por el Ministerio de Salud para la atención a personas con derecho a la interrupción legal del embarazo la definición de salud como concepto integral: “La salud es un concepto integral que tiene tres dimensiones: física, mental-emocional y social, de acuerdo a lo establecido por la OMS.
- La afectación de la salud mental puede resultar en un trastorno mental grave o una discapacidad absoluta, pero incluye también el dolor psicológico y el sufrimiento mental asociado con la pérdida de la integridad personal y la autoestima.
- El concepto de peligro no exige la configuración de un daño, sino su posible ocurrencia.
- La decisión de la mujer sobre qué tipo de peligro está dispuesta a correr debe ser el factor determinante en la decisión de requerir la realización de una ILE (Interrupción Legal del Embarazo)”.
Entonces, adhiriendo al concepto de salud integral, la posibilidad de alteración negativa en alguna de estas áreas genera en sí misma un inminente peligro para la salud. La afectación o el peligro inminente no incluyen sólo el área física sino también la emocional, la violencia económica y social, los contextos de vulneración de derechos y la violencia de género y en la pareja que hace que este embarazo pueda encuadrarse como ILE.
Lo que cabe en la legislación y lo que no
A pesar de que el artículo 86 del Código Penal es claro respecto a que en los casos en los que se ve afectada la salud de la mujer el aborto es no punible, nos encontramos con casos en los que no es respetada esta ley. Ana María Acevedo, santafesina, “tenía 19 años cuando le diagnosticaron un cáncer en la mandíbula. Poco después se supo que estaba embarazada. Tenía tres hijos y era muy pobre. Aunque en la Argentina no es punible el aborto cuando peligra la vida o la salud de la mujer, médicos del Hospital Iturraspe, dependiente del Gobierno provincial, se rehusaron a practicarle una interrupción de embarazo como ella solicitó. Y también se negaron a brindar el tratamiento que requería su cuadro, para preservar la vida del feto. Ana María tenía fuertes dolores. El 26 de abril de 2007, cuando cumplió 22 semanas de gestación, los médicos decidieron adelantar el parto y realizarle una cesárea, a raíz del dramático estado de salud de la mujer. La beba murió a las 24 horas. Después de un rápido deterioro de salud, Ana María falleció el 17 de mayo de 2007” (extraído del diario Página/12).
Este caso nos lleva a preguntarnos: ¿Se puede medir la importancia de las vidas? ¿Quién puede decidir qué vida privilegiar sino es la misma mujer? Ana María no pudo decidir. No pudo luchar por su vida, tampoco pudo elegir quedarse con sus hijos. La presión de los grupos conservadores, la falta de recursos, la negligencia del sistema médico y la ausencia del Estado la condenaron a muerte.
En los casos de violación, el código penal es claro y queda ratificado en el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia, en el cual se resolvió por unanimidad en el año 2012 que todas las mujeres violadas (sin importar si tienen algún trastorno o retraso mental o no) pueden practicarse un aborto sin necesidad de autorización judicial previa ni temor a sufrir una posterior sanción penal, quedando “exento de castigo” el médico que realice la intervención. Para esto no es necesario realizar una denuncia policial, sólo basta con que la mujer firme una declaración jurada en el centro de salud.
Ahora bien, ¿qué ocurre con los casos que no son encuadrados dentro de una ILE? Todas las mujeres que se acercan a los equipos de salud del Programa de Salud Sexual y Reproductiva manifestando la intención de interrumpir su embarazo tienen derecho a recibir una consejería con información basada en evidencia científica que se enfoque en la prevención. La reducción de riesgos y daños para que el aborto no sea inseguro es el principal objetivo con esta población. Esto se basa en el derecho fundamental a la información y la salud y tiene como correlato la obligación de los profesionales de brindar una consejería completa, con una escucha empática y libre de prejuicios brindando información de evidencia científica para evitar daños en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, lo cual tiene un impacto en la reducción del riesgo de morbimortalidad materna. Asimismo, una consejería responsable incluye la consulta post aborto, en la cual se brindará el espacio para que las mujeres puedan elegir un método anticonceptivo con el cual continuar cuidándose. También pueden acercarse a las organizaciones independientes que realizan consejería pre y post aborto, como lo hacen las Socorristas en Red, quienes brindan apoyo y asesoramiento acerca de las condiciones para realizarse un aborto seguro con misoprostol y cómo llevarlo a cabo.
La crisis subjetiva que implica un embarazo no planificado en la vida de una mujer puede ser transitada con menor padecimiento subjetivo si se cuenta con la atención de un equipo de salud, si el entorno brinda apoyo y respeto, y si se ofrece un marco de seguridad para interrumpir la gestación en aquellos casos en que ésta fuera la decisión.
Necesitamos que el debate acerca de la legalización del aborto cobre un primer plano en nuestra sociedad, que deje de ser un tabú y comience a circular con información validada científicamente, para derribar los mitos y prejuicios respecto de la práctica. Mientras tanto, se nos mueren hijas, hermanas, amigas, madres. Nos morimos. Estos también son femicidios.
Las mujeres de todo el mundo proclaman “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.
Carolina Mora y Natalia Liguori son licenciadas en Psicología, se dedican a brindar talleres y capacitaciones en relación a los aspectos psicológicos ligados a la salud sexual y reproductiva, trabajan en consultorio privado y coordinan Nacer Juntos-Psicología Perinatal. .
Material de interés
Ministerio de Salud de la Nación, Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (2015): “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”.
Programa Feminista La Corriente (2011). “La decisión de abortar: entre la necesidad y la culpa”. Recuperado de http://lacorriente.un-mundo.net/archivos/download/investigacionabortoxk12347.pdf
Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva Argentina (Ley 25.673). Tel: 0800-222-3444. www.msal.gob.ar/saludsexual/
Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Ley 26.485)
Socorristas en Red: http://socorristasenred.org/
INCIHUSA-CONICET, IDEGE, Descosidas (2013): “Violencia contras las mujeres: Quien calla otorga, buenas prácticas en intervención socio-sanitaria desde una perspectiva de género y Derechos Humanos”
Dosso, Daniela (2013): Consejería pre y post aborto. Efectos de la intervención en la salud integral de las mujeres atendidas en el CAPS Mercedes Sosa del municipio de Morón. En http://www.isalud.edu.ar/revista_isalud/Junio2014/paginas/45.html
carolinamorapsicologa.com 